Debate por la baja de la edad de imputabilidad y la propuesta superadora de Moreno
Desde la Libertad Avanza, presentaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años y la coordinadora general de la Secretaría de Justicia DDHH del Municipio de Moreno, Jesica Brigandi, se expresó sobre ello.
“En el Departamento Judicial de Moreno-Gral Rodríguez, del total anual de causas por delitos cometidos en 2023, menos del 3 % fueron cometidos por menores”, por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad no parece ser la solución”, aseguró la funcionaria.
En el distrito funciona el Programa de Responsabilidad Penal Juvenil donde “un 90 % de los pibes acompañados no vuelven a reincidir en la actividad delictiva. Esta política se podría aplicar a nivel nacional si el Gobierno tuviera una política pública de acompañamiento y lineamiento con nuestra perspectiva de seguridad y de derechos humanos”.
La baja de la edad de imputabilidad era uno de puntos de las “reformas de seguridad” que La Libertad Avanza proponía en su plataforma electoral. Entre otros puntos, como la construcción de cárceles con capitales privados o la eliminación de la legislación penal de las cláusulas garantistas, se proponían «estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores».
En los últimos días de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. El proyecto fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes. Además, faculta a las y los jueces intervinientes a investigar y someter incluso a los y las no punibles menores de 13 años a “internación” con fines de “readaptación social”, en los casos que consideren que existe riesgo de comisión de nuevos delitos, o que el chico/a resulte peligro/a para sí o para terceros.
Desde la red “Argentina No Baja”, integrada por especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos, expresan que “nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los y las adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad” y afirman incluir a los chicos desde los 13 años en el sistema penal y aumentar los años de encierro de los adolescentes que cometieron delitos para abordar los problemas de seguridad “es una idea que constituye una estafa política”.
Asimismo, mencionan 6 puntos claves que justifican que en Argentina no se debe bajar la edad de punibilidad. Entre ellos, afirman que la propuesta no sirve porque es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes y menores, como así también que “en los casos en que algún niño niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad».
